Hacia la dictocracia

Me entero por Atlante del empeño que el gobierno británico sigue teniendo en recortar las libertades ciudadanas con la gastada excusa de la seguridad. Ahora se trataría de revisar la Convención Europea sobre Derechos Humanos y adecuarla a las actuales circunstancias sociales. La realidad actual, dicen, no es la misma que vivían los "padres fundadores" que acordaron esa Convención. No lo es, claro que no. Pero no sólo por la acentuación en estos últimos tiempos de esa amenaza terrorista que parece justificarlo todo. También ha mediado una revolución tecnólogica que ha alterado los esquemas tradicionales.
Con Internet, el ciudadano puede ahora tener acceso a un mayor caudal de información, puede contrastar esa información en diferentes medios, puede conocer diversos análisis y puntos de vista y, quizá lo más novedoso, puede compartir su propio juicio con los demás de manera sencilla y directa, tanto en privado (mediante el correo electrónico, en foros, intranets, etc.) como en público (In Blogs We Trust). Puede el ciudadano, en definitiva, participar de una manera más activa en los asuntos públicos y hacer llegar su opinión con facilidad a quienes gestionan esos asuntos, los gobernantes, y a sus conciudadanos en general.
Antes, para saber de un suceso acaecido en la otra parte del mundo, necesitábamos esperar a recibir la noticia ofrecida por nuestros medios locales, en muchos casos después de haber pasado varios filtros editoriales que podían haberla desvirtuado o acomodado a los intereses de quien la emitiera o reprodujera. Ahora, podemos acudir a las fuentes de origen, oficiales y alternativas, e incluso recibir información en tiempo real de un amigo que casualmente estaba de vacaciones en el lugar del suceso. El cambio no es menudo.Y nos permite, entre otras cosas, comprobar que un mismo hecho adquiere matices diversos, divergentes incluso, según quien lo relate. Curioso.
Lo mejor de todo, al menos para mí, es que ese acceso a la información nos lleva a pensar, a reflexionar. Y esto, con independencia de las conclusiones a que cada uno llegue, siempre es positivo. Cuantos más ciudadanos se sientan imbuidos por ese espíritu crítico, más dícifil les resultará, a gobernantes y poderes en la sombra, revestir de legimitad democrática decisiones acordadas de espaldas a la ciudadanía. Y es más, cuando éstas resulten ser contrarias al interés general tendrán también los ciudadanos mayor facilidad para coordinar sus protestas y hacerse oír.
Se encuentran así los políticos (y otros agentes sociales y económicos) con un escenario muy distinto al de hace tan sólo unos años, y ante esta situación sólo se pueden plantear dos opciones: adaptarse a los nuevos tiempos y actuar en consecuencia o forzar la persistencia de unos esquemas, cada día más caducos y contestados, que sólo pueden traer como resultado el deterioro del sistema de valores democrático. Y con él, ya lo estamos observando, la radicalización y el consiguiente aumento de la tensión social.
El mensaje político nunca ha sido inocente, y lo es menos en estos tiempos, decisivos para sentar las bases de un futuro que ya asoma por el horizonte. El ritmo al que avanzan las sociedades en la actualidad no nos permite ningún descuido, y hemos de analizar con detalle ese mensaje antes de dar nuestra conformidad, por acción u omisión, con las proposiciones que transmite. Un punto de partida puede ser el desconfíar, a priori, de los razonamientos elementales:

"European Union states may have to accept an erosion of some civil liberties if their citizens are to be protected from organised crime and terrorism".
Charles Clarke, Ministro del Interior del Reino Unido, citado en EUobserver.

Retener los datos de las comunicaciones de los ciudadanos europeos (pues hacia eso se dirige, en definitiva, todo este asunto de revisar el tratado de derechos humanos) no es la solución más efectiva para acabar con el crimen organizado, como sugiere el ministro británico. Lo sería más dificultar que el dinero obtenido mediante prácticas criminales pueda ser “lavado”y “legalizado”, algo que nunca se intenta con verdadero rigor. El crimen organizado existe porque tras él hay personas "muy respetables" que se benefician de los resultados de su acción criminal. Promoviéndolo o consintiéndolo, tanto da. Que comience el ministro actuando por ahí, que seguro que conoce la identidad de muchos de ellos.
Y en cuanto al terrorismo, mucho se ha dicho ya y no voy a incidir de nuevo en la valoración de si han de atacarse o no las posibles causas que lo originen. Pero no creo que permitir que se espíen con mayor facilidad las comunicaciones de cualquier ciudadano sea la mágica solución que nos libre de futuros atentados. Convertir en sospechosos a los inocentes sólo puede servir para enfrentarles aún más al sistema, para generar más odio, más rencor. Algo que, precisamente, es lo que menos necesitamos.
Y, por otra parte, ¿quién se atreve a asegurarnos que esos datos retenidos no pueden caer en poder de mafiosos y terroristas? Secretos mayores han sido desentrañados. O también, ¿quién nos garantiza que no serán usados con otros fines diferentes de los argüidos para su retención? Nunca podremos saberlo.
Controlar las comunicaciones es un acto represivo, que no se nos olvide. Y la represión, con demasiada frecuencia justificada como garantía de la seguridad ciudadana en regímenes políticos poco recomendables, nunca ha dado buenos frutos. Para proponerla como solución, aún como simple sugerencia, se debería demostrar no sólo su necesidad sino también su efectividad de manera incuestionable, sin dejar rastro de duda alguna sobre su conveniencia.
Como en cualquier otro tipo de transacción, hemos de asegurarnos de que lo que nos ofrecen vale realmente lo que nos piden a cambio. Y, lo que no es menos importante, han de darnos alguna clase de garantía de que, en caso de no verse cumplidas las expectativas que nos dibujan, tendremos derecho al reembolso de nuestra inversión. Esto es, de que si a pesar de estar en vigor ese control sobre nuestras comunicaciones no cesan las actividades criminales que supuestamente lo recomiendan, derogarán de inmediato la ley que permita la retención de datos.
Y esto último, me atrevo a pronosticarlo aquí, no ocurrirá en ningún caso, ni siquiera en el supuesto de que la inutilidad de la medida fuera palpable. Si acaso, aún la declararían insuficiente y propondrían medidas más restrictivas. Tiempo al tiempo.
La única explicación que se me ocurre ante tanto afán represor por parte de algunos es que sueñan con instaurar una dictocracia, que podría ser tanto una dictadura maquillada de democracia (y sorprendería saber cuántos ansían algo así) como una forma de "gobierno al dictado", en el que los gobernantes son cómplices o simples títeres de quienes desde la sombra dictan nuestros destinos.
Y ninguna de las dos me gusta un pelo.

El mapa de Europa "entre rejas" proviene de Wikimedia Commons.

servido por Jacinto 12 comentarios compártelo