Hacia el Estado policial

Lo escribía Nacho Escolar hace unos días en Informativos Telecinco: los terroristas no son tontos. No lo son, al menos, quienes dirigen sus organizaciones, y difícilmente podremos anticiparnos a sus acciones o llegar hasta ellos con tan solo interceptar llamadas telefónicas o correos electrónicos. Harán falta otras medidas, algunas de índole política, que los mismos que fomentan el recorte de libertades no parecen dispuestos a emprender. Quizá debiéramos preguntarnos por qué. O preguntárselo directamente a ellos.
El terrorismo, incluido el que descuidada o tendenciosamente se insiste en calificar globalmente de islamista cuando los nombres de los grupos que lo promueven son bien conocidos, existía ya mucho antes del trágico 11 de septiembre de 2001, aunque desde aquel fatídico día parezca que se nos quiere sugerir lo contrario desde ciertos ámbitos de poder y los medios de comunicación que los secundan. La principal excusa esgrimida para su existencia era la situación del pueblo palestino, y durante años vimos cómo los terroristas suicidas reventaban en autobuses israelíes de la misma manera que hace unos días lo hicieron en los transportes londinenses.
Nos parecía un asunto lejano, al igual que a los estadounidenses el ver por televisión un ataque contra alguna embajada de su país en una remota ciudad africana o contra sus soldados en un restaurante de carretera madrileño. Pero también era nuestro asunto. Ahora, cuando el terror se ha instalado entre nosotros, en nuestra propia casa, nos llevamos las manos a la cabeza, nos parece imposible que esto nos esté sucediendo. Sin embargo, seguimos sin aprender de nuestros propios errores. Los que siempre buscan ganancia en río revuelto se apresuran a exigir represalias, medidas xenófobas, restricciones de las libertades. Y todos aquellos que piensan más con el hígado que con la cabeza asienten dócilmente ante sus razones hipócritas.
El control de nuestras comunicaciones, en el más puro estilo de los regímenes dictatoriales, no sólo no nos garantiza que se puedan evitar futuros atentados, sino que tampoco nos asegura que la información no vaya a ser utilizada con otros fines diferentes a la prevención de ataques terroristas. Cualquier chaval que, por simple curiosidad, visite una web que el sistema considere hostil puede convertirse en sospechoso. Y nada impide que el poder se sienta tentado de usar esa información para combatir movimientos que le son molestos, aunque su actividad no pueda considerarse ilegal.
Si consentimos ahora que puedan espiar legalmente nuestras comunicaciones, sólo estaremos dando al poder político un arma más para mantenernos subyugados, esclavos de su criterio. Y, consecuentemente, del criterio de esos otros poderes que tras el político se esconden. Desde las compañías proveedoras de los servicios de comunicación hasta los gobiernos, mucha gente tendrá acceso a esa información, que puede ser filtrada y llegar a manos de quien la utilice en nuestro perjuicio. Quién sabe si hasta las de los propios terroristas.
La solución no puede ser el Estado policial. Nunca lo ha sido. Y, cómo decía al principio, posiblemente debiéramos preguntar a los responsables por qué no se intentan explorar otras vías de solución bastante razonables.
Tras cualquier atentado, los políticos se afanan en repetirnos cansinamente lo que ya sabemos, que los terroristas son muy malos. Pero nunca nos explican por qué un joven irlandés, vasco o inglés de origen pakistaní entregan su vida a una causa que ha de conducirles a la muerte o a la cárcel. Y esa información sí nos interesa. Cómo con cualquier otro mal, necesitamos saber cómo el terrorismo se origina y se propaga, para poder combatirlo con eficacia.
Que nos lo expliquen y se dejen de cuentos de buenos y malos, que ya somos mayores de edad.

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