El sentimiento individual de venganza, de la necesidad de una reparación tras el daño causado a uno mismo o a un ser querido, cercano a nosotros, es humanamente comprensible. Sin embargo, todos (o casi todos) coincidimos en que ese lógico afán de venganza no puede trasladarse a las normas que regulan la convivencia social, a las leyes.
El dolor que sentimos, provocado por un daño similar, no se manifiesta por igual en todos nosotros, con idéntica intensidad, y las reacciones que nos provoca o las acciones reparadoras que nos sugiere son también, por tanto, diferentes. Cualquier pérdida es sentida de manera subjetiva por cada uno, dependiendo de diversos factores que cambian de unos a otros y raramente coinciden plenamente en dos personas distintas. Hay quienes, sin dudarlo, aplicarían la pena capital a quien les ha robado el coche, incendiado el monte con el que ha ardido su chalé o arrebatado el amor de su pareja. Valoran más lo perdido que la vida del ladrón, el pirómano o el amante competidor, y consideran la muerte de éstos un acto de justa venganza. Y, de paso, una operación de limpieza de la sociedad.
Quizá estos ejemplos parezcan exagerados, así en frío. Pero más de uno partiría de buen grado la cabeza a cualquiera que supusiera una amenaza para sus posesiones si lo descubriera in flagranti delicto. Afortunadamente, las sociedades disponen de leyes objetivas, no expuestas a la personal interpretación de cada cual, para evitar la degradación de la convivencia entre sus miembros que el abandono a la venganza subjetiva traería consigo. La familia del ladrón asesinado por el dueño del coche que pretendía robar se consideraría con derecho a vengar su muerte, asesinando al asesino. Y así repetidamente, a cada asesinato le respondería otro, en justa venganza, hasta la práctica exterminación de la raza humana.
Los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos suelen argumentar, con datos comprobados y verificables, que un porcentaje de los condenados a morir resultan ser inocentes del crimen que se les achaca. Alguna que otra ejecución se ha evitado demostrando a tiempo esa inocencia. Otros no han tenido tanta suerte y han muerto en pago y compensación por un daño que no causaron, por un delito que no cometieron. Pero, aún sabiendo esto, hay quienes justifican la pena capital y la consideran socialmente beneficiosa. El que los ejecutados por error fueran inocentes del delito que les llevó a la muerte no parece preocuparles. Al fin y al cabo, si no cometió ese delito habría cometido otros, no dejaba de ser un delincuente, un mal social. Y su muerte sirve de ejemplo para que otros como él sepan lo que les espera si siguen sus pasos.
Por desgracia, la aplicación de esa pena extrema no ha logrado nunca disminuir el nivel de delincuencia. No parece, pues, que se pueda presentar como una medida eficaz en una suerte de justicia preventiva que colaboraría en la erradicación del delito. Más bien responde al deseo de venganza, institucionalizándolo. Es el Estado quien la lleva a cabo en representación de sus ciudadanos de bien, pero no deja de ser venganza y no justicia. Los ejecutados injustamente tienen familia y amigos, que difícilmente comprenderán por qué les han quitado la vida sin razón. ¿Debemos concederles también a ellos el derecho a una justa venganza por la pérdida que han sufrido?
Consentir a los Estados esa legitimidad para usar la venganza como argumento sustitutorio de la ley es peligroso. La guerra de Afganistán y la de Irak son ejemplos recientes. Como en el caso de los ajusticiados por error, en las guerras mueren decenas de miles de inocentes que no causaron el mal utilizado para intentar justificar los bombardeos. ¿Tienen sus allegados supervivientes derecho a sentir deseos de venganza?
Pretender que los atentados de Madrid o Londres se derivan directamente de la participación de los respectivos países en la guerra de Irak es simplificar las cosas en extremo. Pero ignorar que las guerras, especialmente cuando son innecesarias e injustas, son un semillero de odios y deseos de venganza, es querer ocultar la realidad. Obviando los intereses económicos y políticos que hay detrás, la venganza por los atentados del 11S, disfrazada de lucha contra el terrorismo, es la única excusa que queda para haber emprendido la invasión de Irak (si el objetivo era la democracia y la libertad, quizá debieran haber empezado por invadir China). Pero si aceptamos la muerte de iraquíes inocentes como pago por la vida de los nuestros, hemos de comprender también la situación inversa, que ellos quieran vengar a sus muertos.
El “ojo por ojo” bíblico que a veces se esgrime como justificador del derecho a la venganza supuso, en la realidad, la normalización de ésta, su regulación. El Código de Hammurabi introdujo leyes comunes, objetivas, donde hasta entonces sólo existían interpretaciones subjetivas que permitían la aplicación de la venganza, de manera desproporcionada en muchos casos, bajo la apariencia de ley. Ese código supuso un paso adelante, un gran avance, hacia el Derecho que hoy nos rige.
Hay voces, demasiadas, que en nuestras sociedades occidentales claman venganza. Lo hacen abierta o soterradamente, de manera sincera o buscando un fin oculto, e incluso surgen a veces de las propias instituciones o los medios de comunicación. Pero están ahí. Y suponen un gran peligro para nuestro futuro bienestar, para el de toda la humanidad.
Ojalá sepamos acallarlas a tiempo. Inshallah.